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miguelangelrobles

EL PROBLEMA ES EL PUEBLO, NO LA CLASE POLÍTICA

EL PROBLEMA ES EL PUEBLO, NO LA CLASE POLÍTICA

 

No estoy de acuerdo con esa postura que tan suficientemente ponemos cuando hablamos de nuestros tristes políticos. Las descalificaciones fluyen con naturalidad, los chistes despectivos no tienen fin y la coletilla final, a cargo del más tonto o del más indeseable no tarda en cerrar la ronda: "esto lo arreglaba yo en ..." el tiempo elegido, un mes, una semana o un día va en relación directa con la ignorancia del orate, más corto cuanto más memo sea. A ello se suma el pequeño dictador que todos llevamos dentro y que aflora con virulencia de geiser cuando el tema deriva a cuestiones espinosas como la seguridad pública, la inmigración o la violencia de género. Aquí el abanico de medidas se hace especialmente restringido: aumentar la dureza de los castigos, recuperar la añorada pena de muerte y devolver a su país a los que no tengan contrato al margen del tiempo que lleven, de si están o no con su familia, de si se han quedado en paro recientemente o de si la vuelta puede suponerles el hambre o la muerte segura.

Somos un pueblo de pícaros oportunistas que damos lecciones de todo y hemos encontrado en nuestros infames políticos la excusa perfecta. En los mismos políticos que elegimos sin rubor, que visitamos para obtener una prebenda  y a los que hemos apoyado sin fisuras cuando teníamos noticias de sus conductas reprobables.. Mientras hubo trabajo para todos no era difícil oír un coro que respondía unánime a las acusaciones de nepotismo o corrupción con un "y tú qué harías", dando a entender que no aprovecharse de las oportunidades que ofrece la política es propio de tontos, no de gestores honrados. Tal modo de pensar lleva implícito el desconocer que esas conductas se hacen contra tus propios intereses, contra tu propia cartera y contra tu propio futuro, pues originan situaciones como esta, que van mucho más allá de una crisis cíclica de la economía y nos colocan al borde del colapso. La corrupción es a la política como las infidelidades al matrimonio: parece que no tienen importancia mientras no te pillan o se consienten, pero actúan como un disolvente; al final acaban por destruir lo más importante y el sufrimiento casi siempre es mayor para los que, encima, no han disfrutado. La corrupción consentida destruye las bases de la sociedad y los españoles hemos sido cómplices, cuando no animadores o partícipes. Asumamos nuestra responsabilidad, es el camino para poder cambiar las cosas.

Cuando hemos votado a un alcalde imputado, hemos sido cómplices. Cuando hemos dado mayorías a partidos con cargos señalados por la justicia, hemos sido cómplices . Cuando hemos exigido responsabilidades a los otros por ser rivales y ocultado o justificado a los nuestros, hemos sido cómplices. Cuando vamos a actos públicos a dar ánimo a políticos salpicados por escándalos en su gestión, somos cómplices.  Cuando aplaudimos a los que salen de los juzgados y cargamos contra periodistas, jueces o partidos rivales por denunciarles, somos cómplices. Y esto lo hemos hecho hasta la extenuación. Somos la misma mierda que tanto asco nos da ahora y no queremos reconocer que tanto paro, tanto desahucio, tanto recorte, es consecuencia del sueño de ricos que hemos compartido con unos líderes sin escrúpulos, a los que veíamos su desparpajo obsceno sin que nos importara, pues nos sentíamos parte del negocio, hasta que explotó y nuestro mundo de Jauja se vino abajo. Ahora nos parecen incapaces, ineptos, golfos, cuando son los mismos y lo son porque no les tuvimos en cuenta su conducta, a sabiendas de su indecencia, a pesar de que nuestro dinero y nuestro destino estaba en sus manos. Si un fontanero nos cobra el doble de la tarifa normal por arreglar un grifo que además sigue goteando, lo crucificamos. Si ese mismo, ahora en funciones de alcalde o presidente de diputación, nos guinda un buen puñado de millones en obras inútiles, de los que se queda un buen pellizco, le aclamamos como a un héroe. ¡Qué tío más listo!

Termino con el triste episodio de la moción de Ponferrada, en la que el PSOE se ha hecho con el poder apoyándose en el indeseable de Ismael Álvarez, el acosador de Nevenka Fernández. El mismo guarro al que defendió Ana Botella; el mismo cerdo al que no condenaron las feministas de izquierdas por haber dirigido su violencia contra una concejala de derechas y guapa. No voy a entrar en la infamia de que se apoyen en él para lograr la alcaldía, sino en lo repugnante que resulta comprobar que miles de personas le votaron. Sí, a Ismael Álvarez el acosador condenado, porque les parecía una persona adecuada para decidir sobre cuestiones que afectan a su vida diaria. Le ha votado ese pueblo (todos nosotros) que obligó a exiliarse a la agredida; el mismo que acusa de traición a los pocos políticos que se atreven a denunciar las conductas impropias de sus compañeros o de antipatriotas a los que no están de acuerdo en que el silencio, o mejor la omertá, cubra la labor desvergonzada y abiertamente criminal de muchos cargos públicos en connivencia, no lo olvidemos, con otras élites igualmente degradadas, sean empresariales o financieras.

Somos nosotros los culpables y la solución pasa por cambiar nuestra escala de valores, por ser fieles a los principios de honradez, respeto a la ley y reconocimiento del mérito. Luego vendrán reformas, cambios, leyes,... pero luego, de lo contrario no servirán para nada, serán un maquillaje burdo para tapar la corrosión de un rostro que empezó siendo bello y atractivo: nuestra maltratada democracia.

Este mismo pueblo también es capaz de luchar contra los desalojos, de hacer que una pensión haga las veces del milagro de los panes y los peces o de salir a la calle con una sonrisa a pesar del chaparrón. Por eso no pierdo la esperanza y sigo pensando: "qué buen vasallo si oviera buen señor". Necesitamos un liderazgo más allá de las elecciones próximas, recuperar lo mejor de cada uno y esforzarnos cada día sin concesiones a caudillitos. La solución pasa por la política con mayúsculas.

EL DERECHO A DECIDIR DE CATALUÑA Y EL POBRE PAPEL QUE DESEMPEÑAN NUESTROS PARTIDOS NACIONALES

EL DERECHO A DECIDIR DE CATALUÑA Y EL POBRE PAPEL QUE DESEMPEÑAN NUESTROS PARTIDOS NACIONALES

TRIBUNA: DERECHO INTERNACIONAL

La conmovedora noticia de la renuncia del Papa Benedicto XVI sepultó la publicación en el mismo día de un informe del Gobierno británico sobre «las implicaciones de la independencia escocesa», basado en el dictamen de dos especialistas independientes (un australiano y un británico) del Derecho Internacional. Muchos aspectos del informe podrían ser aplicables a la pretensión independentista de algunos partidos catalanes. Es cierto que hay una radical diferencia entre ambos casos: el Reino Unido reconoce que Escocia tiene derecho a separarse si una mayoría de la población lo decide. Pero no acepta que lo decida uno o varios partidos ni el parlamento escocés. Anoten esta plausible idea; nada al estilo Kosovo, como pretende ERC.

Sobresale dicho informe por su filosofía de fondo: conocer la verdad. El Gobierno británico entiende que en el debate que precederá al referéndum tiene que haber veraz información de todos los efectos internos e internacionales. La clave es dar a conocer con claridad las consecuencias constitucionales y legales: la independencia es un cambio legal determinante y, por complejas que sean, es vital que cada ciudadano conozca, al detalle y de forma fiable, las consecuencias domésticas, europeas e internacionales. Ya ven, la misma preocupación que en España. El Gobierno español esconde la cabeza ante una tragedia histórica para todos los españoles y el de Cataluña manipula y miente groseramente a su opinión pública: erre que erre sobre la «independencia en el marco de la Unión Europea».

También tenemos que aprender de la insistencia en la lealtad y neutralidad de los dos gobiernos hasta que la población decida en el referéndum. Me admira la elegancia y contundencia del Gobierno británico cuando advierte que, hasta que no haya decisión del pueblo escocés, los dos gobiernos mantendrán plenamente sus responsabilidades y sus competencias respectivas en Escocia (como en los actos oficiales de Cataluña en los que el Estado ha aceptado la desaparición de sus símbolos o que los oculten con una tela negra). El Reino Unido no retrocederá antes de tiempo en Escocia; exige al gobierno escocés que no tome ninguna medida de transición nacional. Advierte que Escocia no puede actuar como si ya fuera independiente ni puede preparar el acceso a la independencia. Ello vulneraría el derecho a decidir del pueblo escocés. Y aún en el caso de referéndum positivo, ambas partes (Reino Unido y Escocia) se tomarán el tiempo necesario para preparar la transición al nuevo Estado y resolver «miles» de cuestiones de Derecho interno e internacional que les afectan; sólo después cobrará vigor la independencia. Con ese afán pedagógico el informe se emplea para mostrar qué significa independencia. Dejar de ser parte del Reino Unido (España) y constituirse Escocia (Cataluña) en un Estado nuevo e independiente tiene enormes consecuencias. No sucede sin que le pase nada a la gente, sus derechos, empresas, vínculos internacionales… Si se quieren separar de un Estado (Reino Unido, España) no pueden aferrarse a los derechos del Estado o a los que la población tenía dentro del Estado del que se desgaja. No se les expulsa, se van por propia decisión…

El informe es claro: como la inmensa mayoría del territorio y de la población permanece bajo el Reino Unido, el Estado existente es el continuador con todas las consecuencias (mantiene su estatus en las organizaciones internacionales y en los miles de tratados). El principio de la continuidad de los derechos y obligaciones del Estado existente (Reino Unido) es aplicable a situaciones como las que plantea Escocia. Escocia al lanzarse a la vida internacional tiene que trabajar mucho, dice el informe, para ganarse su propia posición y negociar en miles de tratados internacionales (fronteras, extradición, cooperación judicial y civil, fiscalidad, comercio, inversiones, espacio aéreo, etc.). No puede cobijarse tras la tutela del Estado del que se separa. Precisamente, la tablarasa protege la soberanía del Estado de reciente independencia: ya sin ataduras decidirá el nuevo Estado sus obligaciones y sus derechos.

Reconoce que Escocia tendrá que solicitar, una a una, el ingreso en las organizaciones internacionales (ONU, OTAN, Consejo de Europa, FMI, OIT, Unión Europea…). El problema mayor está en la exigencia de la unanimidad de todos los Estados miembros para que se les admita a negociar el ingreso y, de nuevo, unanimidad para el ingreso definitivo en la UE.

Las normas de la UE no son ambiguas, como se quiere hacer ver para ocultar las consecuencias. Una cosa es que nunca haya habido una secesión dentro del territorio metropolitano de un Estado miembro de la UE y otra cosa (la mentira) es que no haya reglas claras. Las hay: sólo incluir el nombre de Escocia o de Cataluña en el Tratado (no se puede ser Estado miembro de la UE sin que el nombre oficial figure en el Tratado) requiere una revisión del Tratado por unanimidad de todos los Estados miembros. La adhesión no es automática aunque ya se aplique el acervo o se reúnan las condiciones exigidas. Cada Estado goza de discrecionalidad al emitir su voto y no es un acto recurrible ante ninguna instancia judicial. El veto puede ser eterno o durar décadas. Entre otras razones porque es una incongruencia y una insensatez, y desde luego una deslealtad, separarse de un Estado de la UE para, a la par, querer volver al seno de la organización de unidad europea. La gobernabilidad y prosperidad de Europa no la garantizarán las casi 300 regiones europeas.

La comisión se pronunció a requerimiento del Reino Unido y fue tajante: si hay una secesión, se constituye un nuevo Estado y se deja de aplicar en ese territorio escindido el Derecho de la Unión. Sus productos son extraños al territorio aduanero, sus nacionales dejan de ser ciudadanos de la UE puesto que el Tratado establece que la ciudadanía europea es indisoluble de una nacionalidad de un Estado miembro y se adquiere o se pierde de forma automática con ella. No hay derechos adquiridos ni de la organización política del territorio escindido ni de su población cuando se sale de un Estado de la UE.

Es admirable la franqueza y confianza en el Derecho Internacional con la que el Gobierno británico encara el problema. Como en España… Por ello, la opinión pública española y su clase política deben saber que sea un derecho o no, la independencia es un hecho político objetivo, un hecho histórico constatable. Es funcionar de facto como un Estado. Los Estados no son legales o ilegales; existen o no existen: y existen cuando se constata que una entidad política organizada tiene pleno control sobre un territorio y una población sin otra sumisión que a las normas internacionales.

Por ello, debemos tomarnos muy en serio lo que sucede en Cataluña, País Vasco y fuera de nuestras fronteras (Gibraltar) y su camino hacia la estatalidad. La debilidad del Estado español es de tal magnitud, no sólo por la crisis económico-financiera, sino por la falta de decencia, ejemplaridad y patriotismo de las altas instituciones del Estado y de los dos grandes partidos políticos nacionales, hasta el punto que una gran nación, con más de 500 años de existencia, se va a ir por el sumidero de la insaciable corrupción e ineptitud de su clase política. La Península Ibérica puede pasar, en poco tiempo, de estar formada por dos a tener cinco Estados. A los políticos españoles sólo les importa el poder para el «enriquecimiento patriótico». Las palabras de Cicerón son un clamor popular… ¿Hasta cuándo podrán seguir abusando de nuestra paciencia? No debemos resignarnos a la fatalidad del Cantar de Mío Cid: qué gran pueblo si tuviese buen señor…

Araceli Mangas es catedrática de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid.

EL TRIUNFO DE PEPA FERRANDO

EL TRIUNFO DE PEPA FERRANDO

A Pepa Ferrando se la podrá acusar de casi todo menos de falta de franqueza, en política claro. Nada más ganar y ante la posibilidad de conjuntar a los perdedores, que lo fueron con un digno resultado, dejó bien claro que de unir nada, que hay uniones en las que no cree. Y hace muy bien.

La alegría de la nueva presidenta vicaria, mientras las causas judiciales no dictaminen lo contrario, contrastaba con la sensación de derrota del resto, incluso de muchos ciudadanos no votantes del PP, que se lamentaban diciendo que otra vez lo mismo. Pues no, esta vez ha ocurrido lo mejor para el partido si de verdad desea enmendarse y renovar sus cuadros y su trayectoria, tan llena de sobresaltos, trifulcas y encontronazos con la ley. Me explico.

Por primera vez han ganado los que se salieron de la formación o fueron expulsados. Al menos los que se mantienen activos. Estos apostaron anteriormente por Medina porque creían que el triunfo de Mónica les dejaba sin discurso o lo anulaba. La corrupción, la ineficacia o la desunión que encabezaba el ex-alcalde era laminada con el triunfo de ella, que representaba (aparentemente) la renovación, el cambio generacional y la modernidad. Yo aposté por ella, pues lo anterior era tan nefasto que no imaginaba un escenario peor y, en cualquier caso, los viejos rockeros ya habían demostrado suficientemente su inconveniencia. Depurar el partido pasaba por eliminar primero a la vieja guardia, luego ya veríamos. ¡Coño, y vimos!

En estas elecciones, los peperos en el exilio han vuelto a su estrategia retorcida: ¿qué es  lo peor para el PP? Que gane la Pepa. Y a ello se afanaron, con candidaturas fantasma cuando no directamente de sainete, haciendo pactos que rebañaban legitimidad y levantaban suspicacias. Ellos apostaron por Ferrando mientras corroían al candidato de Valencia, y ahora esperan que la división interna impida una moción de censura; moción que yo tampoco deseo, pues este grupo municipal se guía solo por el rencor y es el peor políticamente hablando de la democracia. Además confían en que Valencia, desautorizada por la militancia, agobiada por la  mala imagen y la crisis, tome cartas en el asunto y anule con medidas estatutarias los resultados o sus efectos. Al tiempo. No pueden consentir que el próximo candidato a la alcaldía sea un ripollista con la justicia tras sus talones o su alter ego. Ahora que al PP no le cabe más mierda ya no le interesa la presunción de inocencia sino soltar lastre, el mismo que debió por ética haber eliminado hace mucho.

Todo ha sido una astracanada en estas elecciones, pero la guinda es ver cómo iban a votar quienes se presentaron hace meses contra ellos y cómo les acompañaban los mismos que celebraron la derrota de Mónica y Pepa. Y es que en Orihuela todos somos del PP. El papel del apoderado de CLr en los pactos de última hora debería entrar en los anales del absurdo y demuestra que hay otros más pardillos que yo, o al menos tanto.

¿Qué podemos esperar de tanto despropósito? Los escenarios en la siempre fiel son difíciles de predecir, todo es una especie de retorno a los mismos personajes e intereses, pero apuesto por una serie de opciones, que lógicamente no tienen porqué resultar ciertas.

La primera, es que Pepa y Mónica no cuentan para el partido como cartel electoral, luego habrá que buscar otras vías. Ni ninguno de los que las acompañaban.

La segunda, el señor Bascuñana no es el mirlo blanco, miles de militantes le han dicho que no. Quien aspira a gobernar el municipio liderando el Partido Popular no puede estar agazapado años sin expresar ningún desacuerdo, ninguna alternativa, ninguna idea sólida, sin jugarse nada hasta última hora y con el solo aval de Valencia (la foto con Ciscar). Los militantes y votantes potenciales esperan algo más que el soporte que confiere ser médico, presidente de una ONG y no meterse en líos. Si además dejas que tu primera imagen sea la felicitación y la intención de apoyarte de Medina y Pedro Barrios, está claro que todo es improvisación o simple, ahora me toca a mí. A Emilio podemos echarle en cara que nunca ha representado una alternativa, que no sabemos qué piensa o qué le molesta de esta formación, qué le hace dar el salto. Si el aparato regional apuesta por él, podemos encontrarnos con un líder demasiado vaporoso para estos turbulentos tiempos.

La tercera, que mi estimado Andrés Ballester ha quemado todas las naves y en ellas se ha hundido Antonio Rodríguez. Queda Eva Ortíz, que cuenta con el aval de la organización y con su presencia en el parlamento europeo, aunque la calculada neutralidad le resta credibilidad ante un partido que hace aguas acosado por la mala gestión municipal, las sospechas de corrupción y un estilo de oposición desleal con la ciudad y sus gentes.

Con todo esto, lo lógico es una depuración total,  una gestora que gobierne la transición a un partido normalizado, buscando equipos nuevos con gentes sin manchar, aunando la experiencia de muchos que fueron buenos con la ilusión de los que nunca han tenido su oportunidad. Hace falta un líder sólido y de corte político, no una imagen; entre siete mil almas alguno habrá, ¿no?

 

ELECCIONES EN EL PP DE ORIHUELA

ELECCIONES EN EL PP DE ORIHUELA

 

Sin paga extraordinaria y muchos sin trabajo es natural que a la mayoría les deje al fresco las trifulcas internas de los populares oriolanos. Y no debería, pues, en estos momentos, es el partido con mayores posibilidades de alcanzar la alcaldía en las próximas elecciones. La causa habría que buscarla por tanto en el descontento generalizado con lo político y en la sensación de que todo va a continuar más o menos igual.

Hace unos días le cuestionaba a varios líderes del PP en la Universidad Miguel Hernández la pertinencia de evitar las elecciones locales y su empeño en que se presente una sola lista. Les insistía en la oportunidad que unas elecciones abiertas podían ofrecer para que los militantes del partido, sus afines y el resto de los ciudadanos tuviésemos la ocasión de conocer qué futuro sueñan sus posibles dirigentes y qué razones hay debajo del tremendo desastre que supuso la derrota electoral

Les recordé que los estudios realizados por esa misma universidad indicaban que la población de Orihuela es mayoritariamente afín al PP y que sólo la mala gestión y las corruptelas les han llevado al fracaso. Han tenido que cometer muchos errores y faltas muy graves para perder el poder, y de eso hay que hablar.

No se puede ir a unas elecciones internas hablando de unir tendencias cuando aquí no se había expresado ninguna hasta que empezaron a salir candidatos. Lo único que se percibía era desafección con lo presente y desencanto, cuando no cierta vergüenza ante determinadas conductas y actitudes.

No sé si es falta de carácter o si es que están conformes, pero creí que había llegado el momento de dar explicaciones a los propios y a los extraños. Ningún candidato ha planteado cuáles son las razones por las que este partido, hasta ahora, hegemónico ha ido sufriendo escisiones gravísimas en sus equipos de gobierno municipal; la ruptura que dio lugar a CL o los bloqueos de algunos concejales dirigidos por Mónica al alcalde Medina, sin contar las denuncias y filtraciones a la oposición y periodistas. Ningún candidato ha planteado con rigor si están dispuestos a seguir de la mano de ciertos empresarios buitres condenando los intereses generales al beneficio de unos pocos. Ningún candidato ha planteado sinceramente la limpieza de estas elecciones, sospechando de entrada de la lista de militantes y exigiendo que cada uno esté al tanto de sus cuotas; hace años que se viene denunciando el incumplimiento de este requisito que, casualmente, se da en Torrevieja según noticias de prensa, ciudad donde el modo patrimonial y caciquil de conducir el partido y el consistorio es gemelo del empleado aquí, y que ya hemos visto que no se ajusta mucho a la legalidad(por cierto, nosotros también tenemos un enredo con las basuras, o ¿ya no nos acordamos?). Ninguno ha dicho abiertamente que se presenta para dirigir el ayuntamiento, pues es la secuela natural, o si sólo desea intervenir en la vida interna del partido, como sí ha hecho lealmente el actual secretario del PSOE oriolano. Ninguno ha explicado si considera mejor fórmula separar el cargo interno de los municipales, o sea, si es preferible tener un presidente local que no vaya a ir en las listas o si esto significa ser el próximo candidato. Nadie en definitiva ha dado razones de peso que justifiquen decisión tan trascendente, parece un simple:" ahora que todo está revuelto a ver si pillo algo". Y tampoco nadie ha cuestionado que en estos momentos de desconcierto los cargos con nómina y peso locales sigan mudos y ajenos tanto a los avatares municipales como internos. ¿Se pueden desentender personas que tienen responsabilidades de relevancia a nivel autonómico o europeo de este debate limitándose a sonreír? No he oído nada de sus bocas, salvo las consignas, más o menos esterilizadas, de Valencia.

Yo creía que había llegado el momento de hablar claro, de decir que antes de unir hay que limpiar, porque el pegamento no junta bien las superficies con mugre; creía que era el momento de la catarsis, de pedir cuentas, de poner el partido al servicio de la política y no de cuatro gorrones, de hacer examen de conciencia, de pedir perdón por el bochorno diario, de reconocer que se ha gobernado mucho tiempo por debajo de la confianza que Orihuela ha dado a esta formación, de decir basta ya a la presencia de sospechosos, de desmarcarse de ciertas personas y usos. Pero no, lo único importante es estar ahí. Y que nadie me conteste que yo qué pinto, pues, entre otras cosas, pago con mis impuestos a este partido, del que desconozco otras fuentes de financiación. Y el que paga, exige.

 

Malentendidos del saldo fiscal catalán

Malentendidos del saldo fiscal catalán

Según la Generalitat, en 2009 el Estado obtuvo de Cataluña un saldo fiscal de 16.410 millones de euros, un 8,4% del PIB catalán. Esta cifra ha quedado fijada en la retina del ciudadano. Hoy el argumento clave de quienes abogan por la independencia no tiene nombre; tiene un número: 16.000 millones.

Dada la trascendencia de las elecciones del próximo 25 de noviembre, es importante que la ciudadanía entienda bien cómo se ha calculado y qué mide esta cifra. El concepto de saldo fiscal es muy resbaladizo cuando trata de identificar la incidencia territorial de la acción económica del Estado. No estamos ante un concepto nítido y estadísticamente acreditado como puede ser, por ejemplo, el volumen de deuda pública publicado por el Banco de España, sino ante un cálculo materialmente complejo, basado en supuestos múltiples y en el que pequeñas variaciones de estos supuestos llevan a resultados dispares. De entrada hay dos problemas alrededor de la cifra de 16.410 millones que los electores deberían conocer para aquilatar debidamente el significado de la misma.

El primero es que la cifra no refleja el saldo real de 2009. Si de esta cuestión va a hacerse uso político, los ciudadanos tienen derecho a saber de forma clara y directa cuánto dinero el Estado obtuvo de y aportó a Cataluña a lo largo del año en cuestión. Las cifras, de acuerdo con la misma metodología y con los datos suministrados por la Generalitat, son las siguientes: En 2009 el Estado obtuvo en Cataluña ingresos por valor de 46.195 millones y aportó recursos en forma de gasto público por valor de 45.403 millones. Es decir, el saldo fiscal real obtenido por el Estado no fue 16.410 sino de 792 millones; no fue un 8,4% del PIB, sino un 0,4% del PIB.

El segundo problema es que la cifra es incorrecta. Está basada en una imputación territorial de los ingresos y gastos del Estado según la metodología del flujo monetario (es decir, según el lugar donde se obtiene la recaudación fiscal y donde se realizan los pagos asociados al servicio público), cuando la metodología económicamente correcta es el del flujo beneficio (según la residencia de quién finalmente soporta el impuesto y del beneficiario del servicio público). Esto puede parecer un detalle técnico sin importancia, pero tiene un efecto muy significativo sobre los resultados del ejercicio.

Utilizando la metodología correcta, las cifras (siempre con datos de la propia Generalitat) son las siguientes: en 2009 los ingresos del Estado en Cataluña fueron 45.184 millones y la aportación en forma de gasto público de 49.199 millones. Por tanto, el saldo fiscal real fue -4.015 millones; un saldo no sólo menor, sino de signo negativo; un saldo a favor de Cataluña. En 2009 el Estado gastó en Cataluña más de lo que recibió en impuestos. Cataluña se benefició de la actuación fiscal del Estado por un importe equivalente al 2,1% del PIB. El informe de la Generalitat proporciona los datos de base para este cálculo, pero no explicita el saldo favorable a Cataluña que del mismo resulta.

La aportación neta del Estado crecerá en años sucesivos por la subida del paro y la caída de ingresos

Hasta aquí los datos puros y duros que el ciudadano tiene derecho a conocer. A partir de aquí, lo que nos gusta a los economistas: el análisis y la interpretación. En definitiva, el ajuste de los datos. A este segundo estadio es al que pertenece la cifra de 16.410 millones propagada por la Generalitat. Seré el último en decir que para sacar todo el jugo a la información estadística, ésta no deba ser analíticamente ajustada, pero el primero en exigir que, si lo hacemos, expliquemos claramente el alcance del ajuste y no nos quedemos con un relato parcial del resultado del mismo. En lo que sigue, me limito, por ser la correcta, a la metodología del flujo beneficio y sigo utilizando (es importante reiterar este extremo) los datos suministrados por la Generalitat.

Los saldos fiscales territoriales, como la gran mayoría de conceptos macroeconómicos, vienen afectados por el momento cíclico en que la economía se encuentra. Dada la variabilidad temporal que esto implica, los economistas han creído oportuno descomponer el saldo fiscal real en dos partes: una estructural, que aspira a identificar el saldo fiscal permanente a lo largo del tiempo, y otra coyuntural, cuyo objetivo es medir el efecto del ciclo económico sobre este saldo. En el caso que nos ocupa, el saldo real de -4.015 millones se descompone en un saldo estructural de 11.261 millones y un saldo coyuntural de -15.276 millones.

El cálculo de las balanzas fiscales territoriales es resbaladizo y se ve muy afectado por la coyuntura

Los 16.410 millones (8,4% del PIB) enfatizados por la Generalitat corresponden al saldo estructural y deben ser comparados con la cifra correcta de 11.261 millones (5,8% del PIB). La utilización de la metodología del flujo monetario ha significado pues una sobreestimación del saldo estructural del 45,7%.

La visión completa de lo ocurrido en 2009 es la siguiente: según el análisis anterior, detrás del saldo real de 4.015 millones a favor de Cataluña, existe un saldo fiscal estructural a favor del Estado de 11.261 millones y un saldo fiscal coyuntural a favor de Cataluña de 15.276 millones.

El saldo fiscal estructural no es despreciable, máxime si lo tomamos como una medida de lo que Cataluña ha contribuido en términos netos lo largo del tiempo (de media, un 5,7% del PIB en el período 2006-2009). Pero debe señalarse también que la asistencia que en 2009 el Estado prestó a la economía catalana para hacer frente al efecto depresivo de la crisis —ésta es precisamente la interpretación del saldo coyuntural— fue incluso más importante: un 7,8% del PIB. Esta ayuda, que fundamentalmente refleja la caída de los ingresos fiscales y el aumento del gasto asociado a la enorme incidencia del paro, sin duda ganará importancia en años sucesivos y, dada la inercia del paro, será significativa hasta más allá de la recuperación. Una implicación de este análisis, difícil de resistir, es que quizás no sea éste el momento oportuno para independizarse de un Estado que contribuye de esta forma a paliar los terribles efectos depresivos que una economía como la catalana, relativamente más industrial y expuesta al ciclo que la media española, está sufriendo en estos momentos.

Por otra parte, a pesar de ser significativamente más bajo que el dado por la Generalitat, ¿sigue siendo un saldo estructural de 11.261 millones de euros demasiado alto para Cataluña? La respuesta naturalmente depende de la referencia que utilicemos. Todos los países generan flujos económicos entre regiones si éstas son lo suficientemente heterogéneas en términos de riqueza y población. Si el sistema fiscal español fuera estrictamente proporcional y si el gasto público estatal se distribuyera según la población —una referencia que muchos aceptarían como razonable— el saldo fiscal estructural de Cataluña, una Comunidad relativamente más rica que la media, habría sido en 2009 de 8.475 millones de euros. El saldo fiscal estructural es pues del orden de 3.000 millones de euros mayor que lo que sería de esperar; un exceso del 1,5% del PIB.

¿Por punto y medio del PIB, vale la pena asumir los altos costes  asociados al proceso independentista?

¿Por punto y medio del PIB, vale la pena asumir los altos costes de transición asociados al proceso independentista que el Gobierno catalán propone? ¿Es razonable la secesión de Cataluña cuando el Gobierno central está contribuyendo del orden de unos 15.000 millones anuales (un 7,7% del PIB) para paliar los terribles efectos de la crisis sobre la economía catalana, y seguirá haciéndolo hasta que la recuperación económica sea una realidad? Éstas son preguntas sobre las que el elector catalán debe reflexionar, como debe hacerlo también sobre el hecho más tangible tratado en estas líneas: en 2009 Cataluña no pagó al Estado 16.410 millones de euros, sino que recibió del Estado 4.015 millones; no contribuyó al resto de España con un 8,4% de su PIB, sino que se benefició de la asistencia de las demás regiones españolas por un montante igual al 2,1% del PIB catalán.

Antoni Zabalza es catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia.

REFUNDACIÓN DEMOCRÁTICA Y CONTRA LA INDEPENDENCIA

REFUNDACIÓN DEMOCRÁTICA Y CONTRA LA INDEPENDENCIA

 

El españolito medio anda atónito con la desvergüenza que exhibe la mayor parte de la clase política. Se percibe como una sordera generalizada a las demandas ciudadanas y un autismo que acelera la desafección hacia el sistema y quienes lo representan. Y esto no es bueno, la democracia se funda en el prestigio de sus instituciones que ahora se perciben como un problema. El peor mal de España actualmente es su clase política, mediocre, corrupta en porcentajes inadmisibles, acomodada y absolutamente desligada de la realidad. ¿Pero y si tiene razón Bernard Shaw, que dijo:" La democracia es el proceso que garantiza que no seamos gobernados mejor de lo que nos merecemos"?

La última astracanada es la impostura del nacionalismo depredador que lidera Artur Mas, sin respuesta válida en ninguno de los dos grandes partidos. La voz más clara en contra ha sido ese vídeo genial de UPyD, que con ácido humor los desnuda y los deja en el más absoluto de los ridículos. Han tenido que ser eurodiputados y periodistas de fuera los que pongan en evidencia la indecencia intelectual del líder convergente, del mismo modo que las declaraciones vagas o comprensivas, edulcoradas o retóricas, retratan a unos dirigentes pendientes de no ir más allá de lo políticamente correcto cuando en estos momentos es, precisamente, la peor de las posturas.

Tenemos que refundar la democracia en España porque entre todos la hemos dejado inservible para vos y para mí. El sistema autonómico ha devenido en mini - estados dentro de un estado insuficiente para tanto sátrapa. No somos Estados Unidos, ni por población ni por extensión tiene sentido la proliferación de taifas, califatos ni sultanatos que padecemos; hay que reordenar y fijar el límite de competencias sin posible discusión. Se ha hecho así a sabiendas, pues desde el año 81 existe un informe, encargado por Suarez, que alertaba de los males que uno a uno se han ido cerniendo sobre nuestro vapuleado país. Proponía tal documento, como recordaba uno de sus redactores, evitar la duplicidad de funciones y órganos, pero la voracidad de la casta política necesitaba de esas prebendas para colocar amigos, colaboradores, buscavidas y a cuantos el partido gobernante hubiera prometido algo. Destacaba el documento la necesidad de evitar la profesionalización de los miembros de las asambleas autonómicas, estos deberían cobrar sólo por su asistencia a las sesiones, a modo de indemnización. Insistía en que el periodo de sesiones fuese corto, pues no debían legislar demasiado, justo lo contrario de lo que tenemos ahora, una diarrea normativa que usurpa espacios, complica al ciudadano, dificulta la radicación de empresas, discrimina a los mejores con la estúpida excusa de las lenguas propias, aumenta la burocracia y su gasto e impide la correcta aplicación y  persecución de delitos o abusos. Como advirtió Montesquieu, y si no debió hacerlo, el exceso de leyes hace mal derecho. Las autonomías son un problema por culpa de los partidos que las han transformado en su fondo de reptiles y en el blindaje de su cuota de poder, plantando cara a un gobierno central cada vez más inoperante, pobre y desvaído. Los casos de corrupción, el despilfarro de nuevo rico y el nepotismo caracterizan la gestión de nuestros políticos periféricos.

Pero dentro de sus propias estructuras está la serpiente, por un lado el PSOE que no se llama así en casi ningún sitio y que ha renunciado a sus convicciones históricas de internacionalismo e igualdad y se ha transformado en un guirigay de nacionalistas vergonzantes, regionalistas paletos y funcionarios del aparato, sea en el poder o en la oposición, como en Valencia. Un partido sin siglas que lo identifiquen de verdad, con un mensaje diferente en cada autonomía y el mejor aliado del separatismo disolvente y usurero. Por otro el PP, que llegó con el marchamo de la buena gestión que caracteriza a la derecha, nada veleidosa con los dineros públicos, y que ha dado ejemplo al mundo de megalomanía con obras que ruboriza solo recordar, como el famoso aeropuerto de Fabra, el malo. Y además imitando en su deriva al desfalleciente socialismo son sobretítulos que apuntan también a su falta de coherencia, sentido nacional y verdadero liderazgo, o qué significa eso de PPCV, ¿no es el mismo que el PP? La guerra del agua o los presupuestos de ahora contestan claramente.

Los ciudadanos lo están pasando mal y es peligroso persistir en estos hábitos que incitan a la desobediencia civil y a refugiarse en mesiánicos profetas de inciertas intenciones Los partidos nacionales deben poner proa al independentismo insaciable y desacreditarle día sí y día también con propuestas e ideas claras; deben adelgazar toda la grasa que les sobra; cambiar algunas reglas del sistema electoral; reducir subvenciones y exigir cuotas a sus militantes para evitar lo que pasa en muchos lugares, donde nadie aporta nada y siguen gozando de unos lujos orientales; evitar duplicidades de cargos públicos y orgánicos; poner límites a los mandatos; ser inflexibles con la corrupción; fomentar los congresos libres y participativos, las primarias y el funcionamiento democrático de las organizaciones. Deben aprender a no respetar la única regla que todo político cumple a rajatabla: no decir nunca lo mismo en el gobierno que en la oposición.

 

EL DISPARATE ECONÓMICO

EL DISPARATE ECONÓMICO

Si leer esto no te subleva es que eres cómplice o estás muerto

¿Por qué pagamos la energía más cara de Europa?

Roberto Centeno

Lunes, 29 de octubre de 2012 

En 1975 los españoles teníamos el gas, la electricidad y los productos petrolíferos antes de impuestos más baratos de Europa. A día de hoy, y sumando los déficits de tarifa, son los más caros no solo del continente, sino de toda la OCDE. La razón de esta monstruosidad tiene su origen, como todas las demás, en la infausta Transición y en la connivencia entre las oligarquías política, financiera y empresarial para repartirse España como si fuera un solar, y que en la energía se concretaría en la entrega a la oligarquía empresarial de los activos públicos petroleros y gasistas a un precio irrisorio y en la sustitución de los monopolios públicos con precios regulados por monopolios privados con precios libres.

Esta posición de monopolio, con la que nos han expoliado decenas de miles de millones, les ha permitido expandirse en el exterior con nuestro dinero mucho más agresivamente que el resto de empresas mundiales y hacerlo de una forma, por decirlo suavemente, manifiestamente mejorable. El efecto sobre España ha sido absolutamente devastador: desindustrialización masiva –la industria representaba en 1975 el 36% del PIB y hoy es menos del 15 %–, pérdida brutal de competitividad –después del trabajo, la energía es el principal factor de competitividad de una nación–, reducción de la renta disponible de las familias –al pagar por su energía hasta un 50 % más que la media de Europa– y, en consecuencia, reducción del consumo, del crecimiento y del empleo. Después del modelo de Estado y del desastre del sistema financiero, los precios de la energía son la tercera causa en importancia de la ruina de España.

¿Cómo empezó todo?

El tema lo he vivido en primera persona, como consejero delegado de Enagas y luego de Campsa, como responsable designado por Enrique Fuentes Quintana del primer Plan Energético después de la muerte de Franco y, al abandonar Campsa, como presidente de Saroil, una empresa creada por mí y por Saras S.p.A., que llegaría a ser la mayor en ventas de productos petrolíferos después de las tres monopolistas, Repsol, Cepsa y BP. ¿Cómo de tener la energía más barata de Europa hemos pasado en menos de tres décadas a tener la más cara?

En 1984, y ante la entrada de España en la UE, los activos del Monopolio de Petróleos propiedad del Estado no fueron subastados entre las grandes petroleras mundiales –lo que habría garantizado un precio justo mas una elevada competencia y, en consecuencia, disfrutar de los precios más bajos posibles–. Miguel Boyer decidió hacer otra cosa. Con la soberbia y prepotencia que le caracterizaban, se negaría a escuchar las razones que le planteamos algunos y los entregaría a dedo a las refinerías españolas en proporción a su participación en los suministros al monopolio por una cifra irrisoria: 100.000 millones de pesetas, menos de una veinteava parte de su valor real. Fue un expolio histórico a los españoles.

Los activos y contratos de gas propiedad de la empresa pública Enagas, de la que fui cofundador y consejero delegado a las órdenes de Rafael del Pino, se entregarían también a precio de saldo a los nacionalistas catalanes, a los mismos que dicen que España nos roba. Entonces las tarifas al público eran la media de Gaz de France y Rhurgas, las más bajas de Europa, pero una vez en manos de los nacionalistas las tarifas pasarían a ser el doble. Entre 1992 y 1998 las plusvalías obtenidas por los del “España nos roba” serían de dos billones de pesetas, más de 20.000 millones de euros, además del monopolio de por vida. Un saqueo inaudito al pueblo español. En el caso de gasolinas y gasóleos pagamos hoy unos 110 euros/m3 mas que Francia o Reino Unido, que para un consumo de 46 millones de m3/año en automoción, agricultura o calefacción, unos 5.000 millones de euros anuales de más. Dicho en corto: la oligarquía monopolista ha recibido de la oligarquía política licencia para robar y es en lo que están.

El broche final sería obra de Rato, que a través de una ley “de competencia” cerraría el mercado a través de la discriminación en el acceso a las redes logísticas. Otra empresa gasista creada por un servidor y Massimo Moratti, dueño del Inter de Milan y la mejor persona que he conocido nunca, después de habernos asegurado suministros de gas a bajo precio de la noruega Statoil y de la rusa Gazprom, no pudo traer el gas a España porque Gas Natural nos impidió el acceso a las red. La CNE, cuya finalidad era precisamente el garantizar ese acceso, se lavó las manos con total desvergüenza. No estaba dispuesta a perjudicar a los de “España nos roba” permitiendo que los españoles tuvieran el gas un 20% más barato.

En el sector eléctrico, un oligopolio análogo al petrolero, la llamada “liberación” permitió un expolio masivo a los consumidores. En poco tiempo subió las tarifas un 38% a familias y empresas y después exigieron compensaciones por todo. Por “competir” inventarían los CTC, que les permitirían depredar a los españoles 11.000 millones de euros. ¿Dónde está la competencia? Se llevó al Constitucional y ¿saben qué dijo? Que este expolio de 11.000 millones era una “decisión política legítima”. Desde entonces manipulan el sistema de fijación de precios como les viene en gana y realizan mil tropelías más, y aunque han sido denunciados varias veces, nunca ha pasado nada.

En línea con ello, las remuneraciones de sus Consejos de Administración y órganos ejecutivos son las más elevadas de Europa y de la OCDE. Y luego, el apocalipsis; en su último Consejo, el Gobierno Aznar aprobó la ley de energías renovables más disparatada del planeta. Otorga las primas más altas y por más tiempo del mundo, que no se reducen, como en el resto de países, con las mejoras tecnológicas, y que no están diseñadas para beneficiar al consumidor sino para saquearle. En la mayoría de países, las primas a la fotovoltaica se conceden a consumidores individuales, jamás a grandes instalaciones.

Y para completar el desastre se cedió a las comunidades la concesión de los permisos. La autorización por parte de un cacique local de un gran parque eólico podía valer –solo la obtención del papel– hasta 200 millones de euros, y de una gran fotovoltaica, hasta 40 millones. Unos pelotazos de antología, y eso solo para empezar. Luego, como en ocho años se amortiza la inversión, quedan 22 para inflarse. Todo un tsunami de corrupción incontrolado que nos ha llevado a tener la mayor potencia eólica y solar del mundo y el doble de capacidad de generación eléctrica de la necesaria. Un tercio del recibo de la luz son las primas a las renovables. 9.500 millones nos costarán este año, un 23% más que en 2011. La fotovoltaica cuesta diez veces más que la media de fuentes de generación. La luz ha subido un 70% desde 2006, el triple que en Europa según Eurostat, lo que está aniquilando cientos de miles de empleos y miles de industrias. Es el mayor expolio de la historia industrial de España.

Y la última tropelía, la energía termosolar, que carece de justificación alguna. Se decidió una moratoria en enero y ¿qué ha pasado? Pues que desde entonces se han instalado 700 Mw porque estaban “preinscritos” por los amigos de Montoro y la alta nobleza andaluza. ¡Inconcebible! Si estaban preinscritos se devuelve lo gastado demostrable y se acabó. Y ahora, Cristóbal, explícanos con qué cara nos vais a decir en poco tiempo que hay que reducir las pensiones, recortar el dinero del paro, y subir impuestos. Y a la vez, explicas a la gente que esta golfada que España no necesita nos va a costar 1.000 millones de euros al año durante 30 años. Con una economía en caída libre, el paro al mayor nivel de la historia y una de cada cuatro de las familias en la pobreza, es simplemente de cárcel.

¿Y cómo se arregla esto?

Pues es asombrosamente sencillo: obligando a cumplir la legislación comunitaria. El cierre del mercado a la competencia con la bendición de De Guindos, entonces responsable de abrirla, fue tan brutal que todas las grandes petroleras que operaban en Españ –Shell, Texaco, AGIP o Conoco– tuvieron que marcharse. Así que dejen de mentir y acaben con el expolio de las petroleras encabezadas por Repsol, que está haciendo pagar a los españoles su desastrosa gestión en Argentina y otros lugares multiplicando por dos el margen de comercialización en gasolineras, de 14 a 28 pesetas el litro –8 a 16 céntimos de euro–, el mayor abuso de posición dominante de que se tiene memoria. En Nueva York, Manhattan más concretamente, con menor población que Madrid, existen 76 gasolineras y 36 empresas petroleras diferentes, la mayoría extranjeras –desde Repsol a Lukoil–. Madrid capital tiene mucha más población y solo dos empresas. Repsol y Cepsa copan el 80%.

¡Así que hagan lo que se hace en el mundo civilizado cuando no hay competencia! Ir a un sistema de precios máximos, de forma que el precio antes de impuestos en una semana concreta no pueda superar la media de precios de la semana anterior de Alemania, Francia y Reino Unido. Y con el gas natural, exactamente lo mismo, pero con más motivo, porque el abuso es mucho mayor. Esto bajaría de inmediato los precios del gas hasta un 25% y los de las gasolinas y gasóleos hasta un 15%. Y si tiene dudas, señor ministro, quedo a su disposición para explicarle gratis cómo se implementa. Lo hice en los ochenta y funcionó como un reloj.

En el sector eléctrico. Primero: las renovables son totalmente innecesarias, así que reduzcan las subvenciones a niveles de Reino Unido o Estados Unidos. Las que puedan, que funcionen, y el resto que cierren. Lo de la de seguridad jurídica en un país donde no existe tal cosa para la gente de a pie mientras las élites están por encima de la Ley es un insulto a todo un pueblo. Cualquier gobierno civilizado cambia las leyes que hagan falta para acabar con un expolio que ha venido de la mano de un océano de corrupción casi inimaginable. Segundo, una quita del déficit de tarifa, al menos de lo que nos han robado con los CTC y la garantía de potencia. Tercero, implantar un sistema de cálculo de tarifas similar al de Francia, donde como aquí existe un monopolio, pero con precios regulados, no libres. Cuarto, permítase, como en muchos países, a asociaciones de empresas y ayuntamientos de grandes ciudades construir sus propias centrales. ¡El precio bajaría a la mitad!

En definitiva, las soluciones son claras y los efectos inmediatos. Solo necesitan voluntad política. Pero como Rajoy es un cobarde incapaz de enfrentarse a los monopolios, seguiremos pagando los precios más altos de Europa. Y todo lo que se les ocurre a estos trileros es pasar a los Presupuestos 2012 3.500 millones de las renovables, “para aliviar el recibo de la luz” y llevarse ¡el 60% de la subida del IRPF! Y además quitan la tarifa regulada a 16 millones de los clientes más desfavorecidos y los arrojan a los leones del llamado mercado “libre”, donde les subirán la luz a más del doble en pocos meses. No solo legislan para sus amigos; además son absolutamente despiadados. Y para el resto de españoles, como el déficit será tres veces mayor que el previsto por los genios de la CNE, las tarifas subirán brutalmente en 2013. Es lo que España necesita para salir de la crisis.

 

ORIHUELA Y EL DEPORTE DE ENHORABUENA

ORIHUELA Y EL DEPORTE DE ENHORABUENA

Sonrisa

El municipio perdió el tren del deporte hace muchos años, cuando el empecinamiento de Medina arruinó la decisión de ubicar, donde hoy está la mortecina OCIOPIA, la llamada Ciudad Deportiva. Era un proyecto pionero que tuvo el beneplácito del gobierno valenciano, en manos del PP, y la promesa del propio Zaplana de gestionar una ayuda de no menos de 5oo millones de pesetas. Se expuso en el claustro de Santo Domingo junto a otros hitos urbanísticos que debían cambiar la imagen de la ciudad hacia una modernidad tanto tiempo demorada. De aquellas ilusiones solo quedan algunos restos de imágenes arrinconadas en los trasteros del ayuntamiento. De todos los proyectos que el grupo de gobierno presentó la Ciudad Deportiva acaparó los mayores elogios y reclamó por parte de los agentes sociales su inmediata ejecución. Aun recuerdo al presidente de la Cámara de Comercio don Antonio Sánchez fotografiándose delante de los  paneles explicativos y el revuelo al ver un detallado informe en el MARCA, periódico de referencia para muchos que no vamos de intelectuales... Y gratis, a pesar que los de Torrevieja reían diciendo que nos habíamos gastado todo el presupuesto en publicidad.

No había argumentos en contra, solo propuestas de mejora, todas viables, incluso Valencia apostaba con enriquecerla con un velódromo. Cuando todo estaba listo para echar a andar alguien empezó a pisar los tomates que sembrábamos por el día y sucedieron cosas inexplicables. Al final una sospechosa permuta cambiaba por nada el proyecto más emblemático después del encauzamiento del río y el PP se pegaba un tiro en el pie. La presión ciudadana y la extrema necesidad logró que se construyese el Palacio del Agua y las instalaciones anexas, pero era como un quiero y no puedo o mejor aún, un no quiero aunque puedo. Un complejo excelente se trocó, tarde y a desgana, en una infraestructura conveniente pero desligada del resto, cara de mantener y sin el impacto suficiente. Las razones que se han dado para justificar la ubicación del resto en las proximidades de Benferri, en zona altamente inundable, insalubre y rodeada de cables de alta tensión entra dentro de la astracanada. Hoy Valencia nos dice que el lugar era, como defendíamos, absolutamente inapropiado. Ya no hay razones para defender lo indefendible, es el momento de rectificar y colaborar con el equipo de gobierno, aun verde en muchas cosas, para hacer realidad la Ciudad Deportiva en Orihuela, como debe ser, y el papel del PP debe ser protagonista, porque conoce cómo gestionar, porque tiene influencias y porque tiene políticos valiosos en puestos destacados que siempre apoyaron esta iniciativa.

El proyecto del grupo de gobierno debe ser defendido, con todas la modificaciones, mejoras y observaciones que procedan por la oposición. Mi propuesta es que se cree un comisión o un grupo de trabajo donde todos, en paridad, trabajen por sacar este ilusionante proyecto adelante. No sabemos quién lo inaugurará, si algún día ve la luz, pero debe ser empeño de todos y hay que hacer que todo el municipio sepa que es así.

Recuerdo que el proyecto original llevaba incorporada una memoria para convertir en puntos - deporte a los colegios e institutos, ahorrando suelo, mejorando instalaciones, rebajando costes de mantenimiento y dotando de lugares de referencia familiares a los jóvenes, fácilmente accesibles, donde practicar actividad física... ¿o preferimos que sigan apostando por el botellón como única salida?. De hecho me consta que la idea de aprovechar el PAU anexo al IES Thader para mejorar sus instalaciones deportivas se está estudiando en serio. Sería un triunfo de la racionalidad y un regalo para cientos de muchachos. Aquí, promotores y políticos deben barajar soluciones beneficiosas para todos. Y reconocerlo así, ¿tanto cuesta poner una placa de agradecimiento o un homenaje del tipo que sea cuando los emprendedores hermanan el beneficio propio con mejoras sociales? El Thader espera para ser un referente de como se puede hacer política de otra manera. Y yo confío en que el PP esta vez estará a la altura, lo tiene a huevo.